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De alquiler social ‘para todos’ a la técnica de la ‘pizza’: así ha evolucionado la ‘okupación’ en 2022

• 28 de Diciembre, 2022
• Idealista

La ‘okupación’ ha seguido protagonizando titulares, también en 2022. Si el año empezó con Cataluña tramitando una ley para dar un alquiler social a los ‘okupas’, ha terminado con un sinfín de nuevas técnicas que usan estos amigos de lo ajeno para poder vivir en un piso sin tener que desembolsar ni un céntimo de euro. Repasamos cuáles han sido las noticias que han marcado esta problemática, que sigue dando dolores de cabeza a la mayoría de propietarios de pisos y casas en España.

El año comenzó con un estudio de Asval que avanzaba cuál había sido uno de los miedos de los propietarios en los últimos meses, desvelando que el 80% de los propietarios con viviendas en alquiler temen que sus propiedades sean okupadas. Ante este temor, comunidades pusieron cartas en el asunto, empezando a prohibir a este tipo de inquilinos ayudas públicas. En este caso, Andalucía aprobó una ley que prohíbe a los okupas acceder a viviendas de protección oficial.

Pero Cataluña inclinó la balanza justo para el lado contrario, aprobando una de las leyes más polémicas y que marcarían la agenda de la okupación durante todo el año. La Comisión de Derechos Sociales del Parlament de Cataluña votó las enmiendas de la Ley Antidesahucios en la que trabajaba entonces la Generalitat. Una norma que cuenta con el apoyo de ERC, JxCat, la CUP, En Comú Podem y el PSC. Lo más polémico de este texto fue que la ley obligaría a dar alquiler social a los okupas.

Entre medio de tanta polémica, el Ministerio de Hacienda incentivó el mercado de la compra de casas okupadas con facilidades físcales. Y es que desde el pasado 1 de enero, quien compre una vivienda usada debe tributar en el ITP conforme al nuevo valor de referencia de Catastro y no conforme al valor real de compra del inmueble, es decir, por un valor mayor en la mayoría de las ocasiones. Sin embargo, los contribuyentes que adquieran una casa okupada o una vivienda de protección oficial podrían estar exentos de tributar por este nuevo valor impuesto por el Ministerio de Hacienda en algunos casos.

En mayo de este año también nació el Think Tank Acción Liberal para acabar con el fenómeno de la okupación. Su primera acción fue el lanzamiento del informe ‘Erradiquemos la okupación en España’ para poner fin a esta lacra social. El informe pone negro sobre blanco a un problema que afecta a unos 100.000 inmuebles en España. 100.000 inmuebles okupados, según calcula la Plataforma de afectados por la ocupación. Y de los datos del Ministerio del Interior se desprende que en 2020 hubo 14.792 denuncias por ocupación de viviendas, un 40% más que en 2017, de las cuales 6.647 (el 45%) se produjeron en Cataluña, 2.381 en Andalucía y en Comunidad Valenciana y la Comunidad de Madrid en torno a 1.300. Es decir, cada día hay cerca de 40 nuevas okupaciones de viviendas.

Ante tantísima inseguridad por parte de los propietarios, la política española volvió a dar un golpe sobre la mesa. En este caso fue el PDeCAT, que registró una proposición de ley en el Congreso con nuevos instrumentos para poder atajar el fenómeno de las ocupaciones ilegales con el objetivo de que los 'okupas' puedan ser desalojados en 48 horas, que la comunidad de propietarios pueda denunciarlos por la vía civil y que se dote de competencias a los ayuntamientos para tomar medidas.

En primer lugar, el PDeCAT planteó modificar el artículo 544 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que, desde que se interponga una denuncia por ocupación ilegal se abra un plazo de 48 horas tras el que un juzgado pueda ordenar el desalojo si el ocupante no presenta un título de propiedad o un contrato de alquiler que le habilite para seguir en el inmueble.

Asimismo, abogan por reformar la Ley de Propiedad Horizontal para facultar a las comunidades de propietarios a acudir a la vía civil para solicitar el desalojo. Con esta fórmula, se busca que los vecinos puedan actuar ante ocupaciones ilegales que a veces se producen en pisos abandonados cuyos legítimos propietarios no actúan en la vía penal.

También en el quinto mes del año el Tribunal Constitucional (TC) se pronunció ante lo que considera un “exceso de competencias por parte del legislador autonómico”. Esto significa que quedaba anulada la obligatoriedad de que los grandes tenedores ofrecieran un alquiler social a sus okupas antes de interponer un proceso judicial.

Y es que Cataluña es una de las comunidades más afectadas por la okupación de España, con un impacto que va más allá de la propiedad privada, afectando también a aquellas viviendas gestionadas por las administraciones públicas y entidades responsables de garantizar el acceso a una vivienda digna, tal y como recoge la Consejería de Derechos Sociales de la Generalitat de Catalunya.

Esta es una tendencia en alza desde hace años, sin embargo, tal y como muestran los últimos datos ofrecidos por la Agencia de la Vivienda de Cataluña, se intensificó a partir del año 2017, alcanzando las 942 viviendas de esta agencia okupadas ilegalmente en la actualidad.

En el polo opuesto se posicionaba Madrid, dispuesta a plantar cara a la okupación, después de que este tipo de delitos aumentara un 25% en la región en 2022. El Gobierno Regional lanzó una app para que la Policía pueda contactar con el propietario si un vecino alerta de la okupación y también anunció la apertura de la oficina de la okupación. Más tarde, instó al Gobierno a cambiar las leyes para proteger aún más al propietario.

Le siguió por la misma senda el PP, que en junio empezó a promover una ley para facilitar el desalojo de los okupas en un plazo máximo de 24 horas y poder imponerles penas de cárcel de hasta cinco años. Para conseguir este último objetivo, la formación encabezada por Alberto Núñez Feijóo planteba recuperar el delito de usurpación de inmuebles.

Para ejecutar los desalojos exprés en menos de 24 horas, el PP explicó que su aplicación se llevaría a cabo cuando se constatase "un delito flagrante". Además, la ley que trata de impulsar los de Feijóo pretendía impedir a los okupas que se empadronen y pudieran optar así a los beneficios asignados por las administraciones públicas. En esta propuesta, la comunidad de propietarios juega un papel relevante porque tendrán las herramientas necesarias para iniciar el proceso de denuncia de la okupación.

Casa Okupa
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Finalmente, hasta la izquierda reconoció que el problema de la okupación estaba escalando su problemática dentro de la sociedad española. En septiembre de este año, el Partido Socialista (PSOE) incluyó en el Congreso de los Diputados una enmienda al proyecto de Ley Orgánica de eficiencia organizativa del servicio público de Justicia por el que los jueces pudieran desalojar a los okupas en un plazo máximo de 48 horas.

La enmienda del PSOE suponía un nuevo punto en el artículo 544 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y, por tanto, los jueces podrían iniciar el proceso de desalojo en los casos de allanamiento de morada como de usurpación de inmuebles en el plazo de 48 horas desde que el propietario lo denuncia o recibe el atestado policial.

Volviendo a Cataluña, la administración catalana anunció en el último trimestre del año que preparaba una nueva ley para que no solo los propietarios pudieran instar los desahucios de una vivienda ocupada, sino que los consistorios y comunidades de vecinos podrán actuar si los dueños de los inmuebles no lo hacen antes. Esta es una problemática que se encuentran, sobre todo, con grandes tenedores, según explicaron desde la Generalitat, ya que no suelen emprender ninguna acción en los tribunales.

El gobierno catalán presentó la propuesta de una modificación del código civil y la ley de vivienda para actuar contra las okupaciones que generen conflictos en la convivencia.

Más difícil de desalojar y nuevas técnicas de ‘okupación’
Pero más allá del perjuicio económico que supone el hecho de que hayan okupado tu vivienda y no poder disponer de la propiedad, uno de los grandes problemas está relacionado con el tiempo que tardan los juzgados en dictar una sentencia que permita el desalojo de los okupas. Un plazo que poco a poco se está ampliando.

Según los datos que maneja el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el periodo que deben esperar los propietarios de media en España para echar a un okupa ilegal se situó en 2021 en 18,1 meses, teniendo en cuenta tanto tanto los "procedimientos verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas" de los Juzgados de 1ª Instancia e Instrucción en lo civil (9,6 meses) y las "apelaciones de sentencias de juicios verbales" de las Audiencias Provinciales (8,5 meses). Dicho de otro modo: actualmente los fallos judiciales en firme para desalojar a los okupas ilegales de las viviendas tardan algo más de año y medio.

Pizza a domicilio
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A esto hay que sumarle las nuevas técnicas de okupación que han ido aflorando durante todo el año. Una de las más famosas es la conocida ‘técnica pedir pizza’, que permite a los okupas disponer de un ticket antes de entrar a la vivienda para justificar posteriormente que están residiendo en ella y evitar así el desalojo inmediato, tal y como explicamos en idealista/news.

Según explican los grandes propietarios de viviendas en España, principales afectados de esta táctica, el funcionamiento es sencillo: cuando los okupas tienen claro que van a entrar en una vivienda en concreto, piden una pizza a domicilio con la dirección, esperan al repartidor en el portal y recogen el pedido con el ticket. Pasadas 48 horas, entran en el inmueble y si suena la alarma o acude la policía por el aviso del propietario o de un vecino, enseñan el ticket para acreditar que llevan ya dos días en la vivienda e impedir así que les puedan desalojar en ese momento, ya que el caso pasaría a los tribunales.

Otra de las fórmulas que se han utilizado a lo largo de 2022, sobre todo detectada en municipios del sur de Madrid (Móstoles, Parla o Alcorcón) ha sido la ‘inquiokupación’. Se trata de gente que alquila una vivienda de manera legal, paga unos meses, luego dejar de hacerlo y se convierte por lo tanto en un okupa.

Según explico Ricardo Bravo, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Ocupación, “la crisis ha afectado a todo el mundo. Esta 'inquiokupación' existe, pero no hay datos porque se considera incumplimiento de contratos. Hay gente que se ha arruinado a través de este método, incluso personas que han tenido que ir a psicólogos porque este problema les ha superado", afirma en este sentido.