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Zurdo (ANA):

El director general de la Agencia Negociadora del Alquiler habla sobre la prórroga del tope a las rentas y la futura Ley de Vivienda
José Ramón Zurdo es abogado especializado en arrendamientos, forma parte de la Corte de Arbitraje del Consejo General de Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria en España y es, desde 2010, director general de la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA). En esta entrevista, nos habla sobre la prórroga que ha anunciado el Gobierno sobre el tope de las rentas en las renovaciones de los contratos hasta el 31 de diciembre y de la Ley de Vivienda que llegará en los próximos meses.

Zurdo califica tales medidas de intervencionistas y afirma que muchos propietarios están retirando sus pisos del mercado para pasarlos a la compraventa o al alquiler vacacional, lo que reducirá más la oferta de inmuebles de arrendamiento y seguirá presionando los precios al alza. También vaticina un aumento de los impagos y afirma que es imprescindible profesionalizar el alquiler en España.

El Gobierno acaba de anunciar una prórroga del límite del 2% en la subida de las rentas la actualización de los contratos de alquiler. ¿Era algo de esperar? ¿Qué te parece la medida?

Esta es una medida que cuando se adoptó el 30 de marzo ya anunciamos que se iba a prorrogar, porque el problema del alquiler no se arregla en tres meses.  Lo dijimos por activa y por pasiva. Y también dijimos que era una medida que podíamos entender que tuviera un carácter coyuntural, porque se define como transitoria y extraordinaria. Pero ya empiezan las prórrogas y probablemente haya otras, como ha ocurrido con casi todas las medidas que ha dictado el Gobierno en materia de alquileres durante la pandemia.

"El problema del alquiler no se arregla en tres meses"

 Con lo cual, entendemos que es una intervención o va a ser una intervención encubierta del precio de los alquileres, que le ha venido muy bien al Gobierno, porque la Ley de Vivienda, que está ahora en tramitación en el Congreso de los Diputados, delimita la aplicación a las comunidades autónomas y sabemos que muchas no la van a aplicar. Ahí el Gobierno no va a tener capacidad para obligar, pero esta medida que se ha aprobado, que a fin de cuentas es una indexación para la actualización de las rentas con el tope al Índice de Garantía de la Competitividad (IGC) y además con el tope del 2%, se va a aplicar a todo el mundo. Con lo cual, es una medida que va a encubrir de alguna manera una intervención de precios, porque se va a aplicar incluso en las comunidades autónomas que no pensaban aplicar la Ley de Vivienda. Le ha venido de maravilla al Gobierno esta medida, pero nos parece claramente intervencionista.

El Gobierno da la posibilidad de que inquilinos y pequeños propietarios pacten la subida por encima de ese 2%, ¿se están dando muchos casos o al final por falta de acuerdo se está imponiendo esa limitación?

Hay que recordar que es una medida que afecta a arrendadores particulares y a grandes tenedores.

A los particulares les permite pactar la subida de la actualización de las rentas con el tope del 2%. Lo que pasa es que deja abierta la vía para que en un momento dado se pueda pactar algo superior. En cambio, los grandes tenedores no se pueden subir más del 2%.

Lo que quiero decir con esto es que los arrendadores particulares se pueden ver en una situación delicada en el sentido de que pacten subidas de renta por encima del IGC, y en un momento dado, después de haberse pactado, los inquilinos aleguen que era una medida que firmaron porque se sentían presionados por los arrendadores. Con lo cual podrían alegar la nulidad de ese pacto y no serviría para nada.

En la Agencia Negociadora del Alquiler hemos notado que más o menos el 90% de nuestros clientes han aplicado el IGC, pero por resignación, porque no había otro remedio. Y del otro 10% restante, la mitad han aplicado subidas que van entre el IGC y el IPC que hubiera en su momento y la otra mitad no ha aplicado ninguna subida.

¿Qué efectos pueden tener en el mercado del alquiler medidas destinadas a limitar las rentas?

Esta medida, que de alguna manera congela las rentas porque no se pueden actualizar en más del 2%, tiene efectos que ya estamos notando. Muchas viviendas se están pasando a la compraventa.

Nosotros, que fundamentalmente actuamos en la Comunidad de Madrid, gestionamos más de 5.000 viviendas, y en torno a un 10% o un 15% de las viviendas cuyo contrato de alquiler finaliza, se está pasando a la compraventa.

Pero también notamos el trasvase de viviendas del alquiler tradicional al alquiler turístico, porque en el alquiler turístico no hay estos límites que se imponen a la vivienda habitual. Es un trasvase atípico y contra natura, que nos indica el temor de los propietarios y la inseguridad jurídica que genera la llegada de la Ley de Vivienda.

También puede provocar el efecto de que, al reducirse la rentabilidad, va a provocar una falta importante de recursos de los propietarios para atender el mantenimiento de las viviendas. Y también puede pasar, y ya está pasando, que muchos propietarios suban las rentas para compensar esa actualización de rentas que les va a venir en un futuro.

Mencionabas la Ley de Vivienda, ¿qué opinas del texto?

La Ley de Vivienda, se ha dicho ya por activa y por pasiva, es una ley complicada, intervencionista y tiene medidas que atacan a los generadores de oferta. Los generadores de oferta son los arrendadores, tanto privados como institucionales. Si a un arrendador privado o institucional se le limita, está claro que no va a sacar viviendas al alquiler y probablemente se pasen a la compraventa.

¿Qué medidas crees que generan más problemas?

Una de ellas es la fiscalidad. La fiscalidad sobre los rendimientos netos que obtienen los arrendadores particulares pasa de tener una reducción general estatal del 60% al 50%, con lo cual se les está atacando. En algunos casos concretos la reducción puede llegar al 70% o el 90%, pero son casos residuales.

Se está atacando también a los propietarios por la mayor duración de los arrendamientos. Con los arrendamientos particulares, que hasta ahora son cinco años obligatorios, más prórroga, con esta ley hay otra prórroga obligatoria de tres más, o sea que hablamos de 11 años en total en el caso de arrendadores personas y físicas y 13 años si son personas jurídicas. Nos parece un plazo exagerado, la verdad.

Además, esta ley proclama la intervención de las rentas para los arrendadores personas jurídicas y la congelación de las rentas para los arrendadores personas físicas. Con lo cual, se vacía de contenido al derecho de propiedad, lo que va a constreñir la oferta. Y si la oferta se reduce, los precios suben y si los precios suben, esta medida no va a conseguir ningún efecto.

"La Ley de Vivienda tiene medidas que atacan a los generadores de oferta"

Hablando de precios, ¿seguirán subiendo las rentas en los próximos meses?

Lo que prevemos es una subida de rentas. Ya anunciamos en su momento que podría situarse en el 5%-6% este año, y la Ley de Vivienda no va a resolver nada. Lo que sí va a influir mucho es que el Gobierno sea capaz o no de controlar la inflación. el Gobierno, en vez de tomar medidas que vayan en contra de sus socios, como bajar el IVA de los productos, lo que hace es pasarle el problema de los arrendadores particulares e institucionales. Y encima no se les compensa ni se les incentiva económicamente con subvenciones o apoyo fiscal.

¿Dónde se notarán más esas subidas?

La subida se va a notar mucho en Bilbao, Barcelona, San Sebastián y Madrid, donde son las zonas donde las rentas están más altas, aunque en otros lugares puede haber ligeras bajadas.

Aparte de la subida, va a haber un alquiler de dos velocidades. Aquel alquiler que se sitúe en zonas tensionadas, donde las rentas van a estar limitadas, y aquel alquiler que se dé en zonas no tensionadas donde habrá libertad de pactos. Con lo cual no va a haber un criterio único y no se va a poder unificar. No tiene sentido que haya alquileres de dos velocidades.

¿Es una tendencia a largo plazo?

Si todo sigue igual, y es muy probable que todo siga igual, la subida de las rentas lógicamente seguirá. Si la oferta se reduce, y ya se está reduciendo, los precios van a seguir subiendo porque es oferta y demanda. Cuando se desequilibra uno de los dos, el otro sube o baja. En este caso, si la oferta es menor, los precios van a tener una tendencia a subir seguro.

"Si la oferta se reduce, los precios van a seguir subiendo"

Estas medidas llegan en un momento en el que está despegando el modelo ‘build to rent’ en España. ¿Tendrán también impacto en las promociones de viviendas para alquilar?

A las promociones, la inflación les afecta de lleno. El coste de los materiales está subiendo y se tiene que ceder el 30% para vivienda protegida. ¿Qué ocurre con todo eso? Que compensar todos esos costes les va a obligar a subir los precios. Queda muy bonito decir que se está fomentando el ‘build to rent’, pero, a fin de cuentas, las medidas que se adoptan no son para favorecerlo, sino para limitarlo. De hecho, ya hay empresas que se están saliendo del ‘build to rent’, y más cuando encima les obligan a que el alquiler que pongan en muchos casos tenga que ser social o asequible. No le salen los números a un promotor y muchas operaciones se van a quedar congeladas.

Se han presentado muchas enmiendas a la Ley de Vivienda. ¿Esperáis muchos cambios en el texto final?

Se han presentado muchísimas enmiendas, más de 60, entre ellas las de un grupo técnico para Iniciativa de la Vivienda en Alquiler. El texto debe estar aprobado en octubre, más o menos, pero no sabemos más datos. En su momento contaron con nosotros para ayudar en el proyecto de ley, pero me imagino que, debido a nuestra posición crítica, han pasado de contar con nosotros.

Pero aquí hay una cosa clara: quien está tramitando la ley y está dirigiendo todo es el sector Podemos del Gobierno y también los independentistas. De hecho, cuando la ley se estaba cocinando, el sector socialista del Gobierno estaba en contra de que la ley saliera adelante, pero tuvieron que ceder ante una crisis de Gobierno. Con lo cual, está claro que lo que va a salir va a ser algo que beneficie al sector Podemos y también a los independentistas catalanes.

Has comentado que en su momento os consultaron. ¿Qué mensaje transmitisteis al Gobierno?

Que es una normativa excesivamente intervencionista y no da satisfacción a dos temas que los arrendadores siempre sacan a colación: la permisividad que hay hacia la okupación y la duración de los procesos de desahucio para recuperar las viviendas. Esas dos cosas crean inseguridad jurídica y ante esa inseguridad jurídica no se va a avanzar en nada.

Si esa inseguridad jurídica desapareciera aumentaría considerablemente la oferta de viviendas, porque hay muchos propietarios que no se atreven a sacarlas al mercado. ¿Qué ocurriría si estas viviendas salieran al mercado? Pues está claro que aumentaría la oferta de forma considerable y los precios cambiarían. Eso ya lo hemos visto cuando se ha producido un aumento importante de la oferta de viviendas como durante la pandemia, porque al mercado del alquiler tradicional se han incorporado los alquileres turísticos y se han incorporado también alquileres nuevos de personas que tenían que complementar sus ingresos porque la situación económica era mala. Cuando eso se ha unido al mercado, hemos visto que los precios de los alquileres han bajado hasta dos dígitos. Pero ahora que están desapareciendo inmuebles, el precio que los alquileres está subiendo.

Es fundamental que haya seguridad jurídica y un marco estable, pero tanto para arrendadores particulares, que son el 90%, como también para los institucionales, porque ahora se quiere contar mucho con ellos, pero no se legisla a favor de ellos. Es un bucle que no da ningún resultado.

¿Qué tipo de incentivos podrían animar a los propietarios a sacar más viviendas al mercado?

El más efectivo es la reducción en el IRPF. Ahora mismo la reducción es del 60%, pero habría que compensar a los propietarios sin limitaciones y permitir reducciones al 70%, al 80%...  Es lo que duele cuando cada año tienes que hacer la declaración de la renta y tienes que calcular los ingresos que has obtenido y los gastos que se han producido. Sale un neto y sobre ese neto ahora se aplica el 60%, aunque con la nueva ley baja al 50%. Te aseguro que si suben la reducción al 90% saldrían muchísimas más casas en alquiler, aumentaría la oferta y los precios se contendrían o bajarían.

¿Y en el caso de los grandes tenedores de viviendas?

También. No se puede poner límites a los generadores de oferta, que son arrendadores y promotores. Hay que favorecerlos, porque de este favorecimiento se aprovechan también los inquilinos, porque los precios van a bajar y si los precios bajan al final ganan todos: arrendadores y arrendatarios.

Creo que el Gobierno tiene deformada la imagen de lo que son los arrendadores. Piensa que tienen muchos pisos en alquiler y que no les falta el dinero. Y no es así ni mucho menos. Nosotros lo vemos en nuestra actividad. Muchos arrendadores son personas muy humildes que necesitan complementar la pensión con el alquiler o que necesitan ese alquiler para poder pagarse la residencia donde están viviendo. Nosotros, como filtramos mucho y seleccionamos a los inquilinos con el fin de minimizar el riesgo, vemos la documentación económica que nos presentan los inquilinos y nos damos cuenta de que muchas veces sus ingresos son muy superiores a los de los propietarios. Entonces, ¿qué sentido tiene ayudar a esos inquilinos y no ayudar a los arrendadores que están en peor situación? Eso es de lo que nos quejamos.

De hecho, tenéis una línea de ayuda dirigida a los propietarios. ¿En qué consiste?

Como pretendemos favorecer los alquileres, les recomendamos que mejoren sus casas porque en algunos casos las sacan al mercado de alquiler en mal estado de pintura, o con la cocina o los baños mal. Por eso tenemos una línea de crédito para adelantarles el dinero de la reforma y luego se lo vamos descontando del importe de las rentas mensuales, y muchos se están aprovechando de esta alternativa. Yo creo que es muy interesante porque favorece a los inquilinos, que están accediendo a casas en mejores condiciones. Y si están a gusto en el precio y están a gusto en la casa, van a estar más tiempo en ella y al final los arrendadores van a disfrutar más de su rentabilidad.


Hablabas del problema de la okupación y de que es uno de los principales reclamos de los propietarios. ¿Está afectando tanto al mercado?

Todo lo que tenga que ver con el temor en temas económicos echa mucho para atrás, porque muchas veces en la okupación no hay plazos. Antes de iniciarse el lanzamiento se suspende el procedimiento porque el ‘inquilino’ muchas veces se declara vulnerable, con lo cual no hay plazos.

¿Qué tipo de medidas podrían solucionar el problema?

Fundamentalmente reformar la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley de Enjuiciamiento Penal, con el fin de que los procedimientos de desahucio se lleven a cabo por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado sin esperar a la autorización judicial.

También reformar el Código Penal para que el delito más usual, que es el de usurpación de vivienda, no tenga una simple multa económica, sino que lleve penas de prisión menor.  

Y también pedimos a la Fiscalía General del Estado que unifique sus criterios y sus instrucciones para toda España, y aclare qué se entiende por un delito de usurpación de vivienda flagrante, y cuáles son los plazos que tienen los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad para echar a los inquilinos.

Ahora mismo hay un bulo que dice que tienen un plazo de 24-48 horas, pero esto no es así. Los Cuerpos y Fuerzas del Estado, en caso de un delito flagrante, pueden perfectamente lanzar a los inquilinos sin autorización judicial. De lo que se trata es de que los ocupantes no acrediten la posesión de la vivienda. Eso es fundamental.

Y luego también solicitamos que, como ocurre en otros países, que el procedimiento pueda seguir con los okupas fuera de las casas. El problema es que aquí se hace con los okupas dentro, por eso el proceso se alarga, los plazos se amplían y se presentan infinidad de recursos, lo que está desbordando a la Administración de Justicia.

¿Cuál es el problema entonces?

La okupación ya está considerada como delito flagrante, lo que pasa es que no se ha aclarado el plazo. De lo que se trata es de que la policía pille a unos okupas en el momento de la okupación y que no les haya dado tiempo a tomar posesión del inmueble, que no se hayan empadronado en la casa, que es fundamental, y que no estén pagando los suministros ni la comunidad.

Este es un tema importante, porque hay muchos propietarios que ante una okupación piensan “bueno, al menos que los okupas paguen los suministros o la comunidad”, pero así están legitimando la okupación. Muchas veces, inocentemente, llegan a acuerdos con los okupas para que esos gastos los paguen ellos y ahí ya se acabó todo. Están legitimando la ocupación y dando a entender que ha sido un contrato verbal de arrendamiento. Eso se llama permisividad a la okupación y esa permisividad cala.

En el caso del empadronamiento. ¿Se presentan a los ayuntamientos documentos falsos?

Claro que sí. El ayuntamiento no está para investigar esas cosas, porque se aclaran en el procedimiento penal que haya después. Por eso una de las cosas que hacen los okupas es presentar documentación falsa, porque paralizan el lanzamiento, ya que hay que analizar si lo que presentan es falso o no. Eso hace que se atasque la resolución del conflicto con el okupa dentro del inmueble y que los plazos se alarguen y se alarguen. En otros países todo es diferente.

Creo que también es importante resaltar que en muchos problemas de okupaciones, y sobre todo de impago de rentas, el origen está en los propietarios, porque el criterio de selección que tienen a la hora de elegir inquilinos es conseguir que les paguen las rentas que ellos quieren, pero no les piden garantías. Pero ¿de qué sirve que te paguen la renta que quieres durante treses y luego dejen de pagar?

Lo que nosotros aconsejamos es lo contrario: negociar rentas más competitivas para tener más garantías. Es la clave, porque si la persona está a gusto con la renta que paga, probablemente esté más tiempo arrendada.

"En muchos problemas de okupación e imago de rentas el origen está en los propietarios"

¿Hace falta una mayor profesionalización en el alquiler?

Hay una escasez de profesionalización en los arrendamientos. Estamos hablando de un sector en el que la mayoría son particulares sin experiencia en la gestión y con intereses totalmente opuestos a los de sus inquilinos. Tanto arrendadores como arrendatarios entran en un mundo que desconocen, y esto no debería ser así. Por eso empresas como la nuestra tienen tanto auge.

En otros sectores inmobiliarios, como por ejemplo en el de la administración de fincas, la mayoría de las comunidades de propietarios que hay en España tienen un administrador colegiado que es un profesional. Muchas veces me pregunto por qué no ocurre lo mismo en los alquileres, sobre todo porque en este sector las consecuencias de una mala gestión pueden ser mayores.

Por eso hay que profesionalizar íntegramente todo el sector como hacen los administradores, para facilitar las cosas tanto el arrendador como el arrendatario, y buscar el punto de equilibrio entre las partes.

Nuestra misión es asesorar tanto a unos como a otros. Al final, nuestra marca es el tranquiler. Lo que vendemos es que haya un equipo de personal que se encargue de todo y de evitar que el propietario esté en contacto con su inquilino o viceversa. El inquilino tiene unos intereses, el propietario tiene otros y cuando ocurre algo que tiene trascendencia económica, cada uno se lo va a pasar al otro. Poe eso es mejor que lo gestione un profesional. Un profesional que aplique el derecho, el sentido común y su experiencia, sobre todo a la hora de resolver esos conflictos.

Además de la okupación, hablabas también de los impagos. ¿Crees que aumentarán con la situación económica que se viene encima?

La tendencia de los impagos es al alza por una razón: las rentas están subiendo y los salarios no están subiendo en consonancia con las rentas.

Nosotros hace unos meses sacamos un estudio de nuestros administrados que constataba que el 70% de las personas que buscaban vivienda estaba en riesgo de impago porque estaban dispuestos a endeudarse más del 50% de sus ingresos.

Una persona que es capaz de endeudarse en más de un 50% de sus ingresos si no presta ninguna garantía adicional, es una situación de impago clara que se puede producir perfectamente y por eso la tendencia que nosotros vemos es que aumenta el número de impagos y que aumente también el número de lanzamientos. Si no ha aumentado el número de lanzamientos hasta ahora es porque están suspendidos por las medidas que adoptó el Gobierno durante la pandemia. Pero cuando esa suspensión se levante, va a haber lanzamientos, como se dice vulgarmente, por un tubo.

¿Qué tipo de quejas estáis recibiendo últimamente por parte de arrendadores y arrendatarios? ¿Han cambiado tras la pandemia?

Las quejas más habituales por parte de los propietarios tienen que ver mucho con la medida que acaba de prorrogar el Gobierno para limitar la indexación de rentas y que no supere en el índice de garantía de la competitividad.

Otra queja está relacionada con el estado en el que se entregan las viviendas, muchas veces destrozadas. La ley permite que haya un desgaste natural por el paso del tiempo, pero no como se entregan muchas de las viviendas que vemos. En muchos casos tienen un uso mucho más intenso que el que tendría un propietario en su vivienda. Si un propietario pinta cada ocho o diez años, cuando la vivienda está alquilada, eso ocurre mucho antes.

También se quejan de la permisividad que hay en la okupación, como hemos comentado antes, y de los largos periodos que hay que esperar para recuperar la vivienda en caso de impago.

Los inquilinos, por su parte, se quejan fundamentalmente de las rentas tan altas que hay que en este momento. Y también de que las viviendas que se les entregan no están en buen estado en algunos casos, y eso es verdad.

Por eso insistimos a los arrendadores que es fundamental que las casas estén en buenas condiciones, como he comentado antes, porque evitaríamos la queja de los inquilinos y que el alquiler empiece con una situación de tensión.

Si pudieras modificar la normativa para solucionar el problema del alquiler. ¿Qué medidas pondrías en marcha?

Sabemos que favoreciendo la oferta salen más casas alquiler y eso nos lo ha demostrado la pandemia, por lo que quitaríamos el intervencionismo, que nos parece abusivo, y daríamos más seguridad jurídica, sobre todo para los que tienen que generar oferta.

Son las leyes del mercado, oferta y demanda. Cuando a la oferta se le ataca, se constriñe y está claro que los precios suben o se mantienen altos. Por eso hay que incentivar la oferta y controlar la inflación.

Yo creo que el Gobierno no ha actuado bien, se ha fijado mucho intervenir el precio de los alquileres, pero no se ha fijado tanto en controlar la inflación. Ha optado por la medida más fácil: en vez de limitar el IVA, le han trasladado el problema a los particulares, y eso genera incertidumbre y miedo, por lo que no sacan casas al alquiler y los precios tiran para arriba.

"Hay que incentivar la oferta y controlar la inflación"

Me gustaría añadir también otro factor: regular los alquileres turísticos, que han hecho bajar los precios de los alquileres durante la pandemia y ahora los están impulsando. La situación actual está fomentando un trasvase del alquiler tradicional al alquiler turístico. Y cuidado porque muchos alquileres turísticos no se hacen como se deberían hacer, porque existe una falsa creencia de que firmando un contrato por menos de un año es un alquiler turístico, y no es así ni mucho menos. El alquiler turístico está en función del destino que le dé el inquilino a la casa y si va a ser su residencia habitual, por mucho que el propietario lo llame turístico en un contrato de menos de un año, es un alquiler tradicional y eso está generando muchos problemas en los tribunales.

¿Es un problema limitado a las zonas céntricas de las grandes ciudades?

En teoría afecta más a las zonas centras, pero en la práctica nos damos cuenta de que en la periferia también hay alquileres turísticos que intentan vulnerar la aplicación de la futura Ley de Vivienda, ya que los límites de las rentas solo van a afectar a viviendas habituales, no a las de fines turísticos.

Y el problema no se ve ahora, sino que llegará cuando vaya a finalizar el contrato y el inquilino diga que quiere quedarse en la vivienda cinco años y hasta 11 años si se tienen en cuenta las prórrogas. Es un problema que queda dormido ahora y que va a surgir cuando llegue la renovación del contrato y los inquilinos puedan demostrar que están empadronados allí y que no tienen otro sitio donde residir. Esto es un alquiler tradicional, independientemente del plazo del contrato, porque ha sido una imposición del arrendador. En este caso no hay nada que hacer, porque está claro que cualquier juez o cualquier árbitro va a decir que es un alquiler tradicional, lo que puede comprometer al arrendador por mucho tiempo.

¿Estáis notando un repunte de la demanda de los propietarios de fórmulas como el ‘tranquiler’ que ofrecéis?

Lo estamos notando mucho. Se están dando cuenta de que, ante la problemática que conlleva el alquiler, muchas veces la relación con los inquilinos no es nada buena y siempre salen perdiendo en una relación tensa con ellos. Normalmente el arrendador es el que sale perdiendo, porque pierde la posesión de su casa, se la puede encontrar destrozada cuando la recupere y encima no puede reclamar nada si los inquilinos se han declarado insolventes. Esta situación asusta mucho y cada vez más propietarios no quieren lidiar con estos temas porque no tienen experiencia y prefieren que un profesional se encargue de gestionar todo desde el inicio hasta el final.

E insisto en que la parte de la selección de los inquilinos es fundamental, al igual que la gestión. Muchas veces un simple consejo profesional puede dirimir un conflicto.

¿Cuándo empezaste a interesarte por el mundo del alquiler?

Yo empecé mi andadura profesional en un despacho jurídico en Las Rozas, dando asistencia jurídica y también administrando alquileres en una comunidad, allá por 1988. Posteriormente fuimos enfocando más nuestra actividad al mundo de la promoción inmobiliaria. Fuimos promotores e hicimos muchos proyectos tanto en Madrid como en la costa. Y nos pilló la crisis. Nos pilló en una promoción de viviendas que teníamos en Madrid, con 75 viviendas. Como no éramos capaces de venderlas, porque en aquel momento de ruina económica nadie compraba, pues la sacamos al alquiler y nos encargamos de los contratos, las renovaciones…

La experiencia te enseña muchísimo. Hay situaciones de lo más variopintas y aprendes mucho, y vimos que la fórmula más sencilla era demostrar a los propietarios que los impagos que pudieran producirse los asumiríamos nosotros si llevábamos toda la gestión. Eso dio mucha confianza a los propietarios, porque, aparte de aliviarles la gestión del alquiler, les garantizamos el pago de las rentas. Y de ahí surge el embrión de la Agencia Negociadora del Alquiler.

¿Qué retos profesionales tienes?

A corto plazo, que la gente disfrute de los servicios que prestamos y mejorar la Agencia Negociadora del Alquiler, donde están trabajando familiares, como mi hijo y el hijo de mi socio.

Hemos crecido mucho y actualmente somos unas 42 personas. Empezamos en unas oficinas en Príncipe Vergara de unos 80 metros, luego nos mudamos a otra en la Castellana de 300 metros. Y ahora estamos en José Abascal, en un espacio de unos 450 m2 que ya se nos queda pequeño. Con lo cual, cuando nos venza el contrato dentro de un año, tendremos que buscar otras oficinas.